15% del comercio global de plaguicidas es ilegal

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En América Latina el comercio ilegal de plaguicidas es una preocupación sobretodo para Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, así lo asegura un reporte de la Agencia de Naciones Unidas contra el Crimen Interregional (UNICRI).

Entre los hallazgos se destaca que el comercio ilegal de fitosanitarios es un problema global que afecta a los agricultores, a la industria de protección de cultivos y genera múltiples riesgos para la salud humana, los cultivos, el medio ambiente y la economía; asi lo reitera este reporte en el que se estima que por lo menos 15% del comercio global de plaguicidas, corresponde a productos ilegales.

Las estrategias de las bandas del crimen organizado que facilitan la distribución, transporte y venta de plaguicidas ilegales:

  • Para evadir la detección e interdicción estos grupos envían por separado los componentes de los productos, no necesariamente  los productos llegan terminados a su destino final.
  • Los plaguicidas ilícitos son ensamblados, envasados o empaquetados de nuevo para su distribución no regulada, no autorizada    o ilegal.
  • Utilizan una cadena de distribución independiente, correos y mensajería para enviar elementos auxiliares, como marcas,  etiquetas y envases vacíos.
  • Cambian permanentemente de rutas para ocultar el origen y destino de los productos.
  • Envían volúmenes de paquetes pequeños y mercancías sin terminar que dificultan un adecuado control de los inspectores fronterizos.
  • Utilizan documentos de embarque fraudulentos.
  • Utilizan a su favor la ausencia de estándares universales para una documentación adecuada y/o certificaciones que evidencien la legalidad o el registro en mercados específicos.
  • Son organizaciones delictivas flexibles y adaptables, responden rápidamente a los cambios políticos, económicos o legislativos.

Recomendaciones  

Debido a los numerosos riesgos relacionados con la fabricación, el transporte, la distribución y el uso de plaguicidas ilícitos, el reporte de UNICRI recomienda:

  • Conciencia y compromiso por parte de las autoridades y partes interesadas.
  • Estandarización en regulación y supervisión internacional.
  • Actividades de protección y mejoras en la cadena de suministro.
  • Mejoras en las capacidades de investigación y control.
  • Control de los flujos financieros y los incentivos.
  • Sensibilización del usuario final y consumidores.

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