Costa Rica solicita aprobación de la ley del recurso hídrico

FlorC

El proyecto fue presentado mediante iniciativa popular con respaldo de más de 170 mil firmas.

Fabián Calderón, periodista, [email protected]

Costa Rica, 8 de julio, 2015. Según la presidencia de Costa Rica, la actual crisis hídrica que se vive en el país es el resultado del agotamiento del marco jurídico e institucional para su gestión, que se acentúa con la variabilidad climática, por ello solicitan que se logre aprobar cuanto antes la ley.

El Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (expediente 17.742) fue concebido con el propósito de dar una respuesta adecuada y estratégica a esa crisis, para fortalecer los mecanismos de gestión del recurso y garantizar el agua, en cantidad y calidad, para las presentes y futuras generaciones.

Como sociedad, todos los actores debemos decidir si continuamos agudizando la crisis por el agua, que afecta a las generaciones de hoy y podría afectar mucho más a las generaciones futuras, o si tenemos el valor cívico de dar un giro que permita revertir los impactos que en todos los sectores sociales y productivos genera no tomar decisiones en un tema que es vital para la vida humana, el impulso económico y la generación de bienestar”, expresaron expertos del gobierno de Costa Rica.

Este proyecto fue presentado, mediante el mecanismo de iniciativa popular con el respaldo de más de 170 mil firmas y aprobado en primer debate, en el año 2014, con la votación de 46 diputados de todas las fuerzas políticas representadas en ese momento en la Asamblea Legislativa. Esta ley contempla entre otros aspectos:

-El reconocimiento del acceso al agua y saneamiento como un derecho humano.

– El establecimiento del agua como un bien de dominio público con reglas claras en cuanto al aprovechamiento en sus diferentes usos.

– El establecimiento de una rectoría clara, creando espacios y mecanismos efectivos para la coordinación interinstitucional, con la participación de los distintos actores sociales y económicos y la creación de una serie de instrumentos para la planificación hídrica y el ordenamiento del territorio en función del concepto de cuenca hidrológica.

– El establecimiento de que los servicios de agua potable y saneamiento sólo podrán estar en manos de entes públicos y sin fines de lucro.

– El fortalecimiento de los instrumentos para la valoración económica del agua, con lo cual se garantiza que el Estado cuente con recursos para tutelarla y protegerla.

 

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